ENTRETELONES
En estas últimas semanas no he podido sustraerme del tema de
la política. Trato de evitarlo porque no es lo mío, y porque corresponde a analistas profesionales abordar
estos asuntos, sin embargo llega el tema, toca a la puerta y no puedo negarme. Va pues mi personal reflexión respecto a la aplicación de la ley en delitos de utilización de recursos de procedencia
ilícita.
Lo habíamos
mencionado a propósito del aniversario
de nuestra Carta Magna, en México tenemos burocracia de más, para cada asunto, leyes y normas en exceso. En el caso de la tipificación de delitos,
este exceso de legislaciones genera una especie de laberinto el cual condiciona
vacíos legales, que permiten a un
indiciado sustraerse de la acción de la justicia con la mano en la
cintura. Tal parece ser el caso de
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, que ahora ha sido exonerado por las imputaciones de lavado de dinero y
defraudación fiscal, que supuestamente cometió en el 2015. La absolución la otorgó un juez federal, por
supuestas irregularidades en el debido proceso.
Contrario a lo que sucede en otros países, para la mayoría
de los delitos en México no existe una real extinción de dominio.
Esto es, desde mi función pública yo me robo 500 millones, me acusan y mientras
soy sujeta a proceso, sigo disponiendo de esos 500 millones para contratar abogados
y hasta comprar conciencias, para
finalmente lograr que la acusación se anule.
Por otro lado, hemos visto que para la justicia mexicana muchos de estos
delitos de enriquecimiento ilícito no se consideran graves. Este es el punto
que quisiera revisar en la presente columna.
Sigamos con el caso de que me robé esos 500 millones, y que la suma
estaba originalmente destinada a la compra de medicamentos contra el
cáncer en niños. Ese dinero, en el peor de los casos podría desviarse a la
compra de propiedades o caballos pura sangre –caso Javier Duarte--, y en el
menos terrible de los casos para pago de nómina, lo que ya ha sucedido en
otras entidades federativas. Si ese
dinero estaba destinado a salvar vidas de niños enfermos de cáncer, y al no
ejercerlo ellos se agravan o mueren… ¿Cómo es que el delito de peculado no se tipifica con agravantes? El daño hecho a
esos niños atropellando su derecho a la vida y a la salud,
¿Acaso no es un delito grave? Vericuetos legales que no acabo de entender.
Otro caso parecido,
en el sismo del pasado septiembre, los recursos que enviaron
particulares y gobiernos, tanto nacionales como extranjeros, para la reconstrucción
de casas-habitación, se hicieron polvo. Muchas familias damnificadas de la
ciudad de México, y de los estados de Morelos, Oaxaca y Chiapas viven a la intemperie. ¿No es grave que el
gobierno no asuma la responsabilidad de investigar dónde quedaron esos
recursos, además de dar solución a la crisis
de casas-habitación que padecen esas familias? Desde mi perspectiva particular,
tan no se considera grave el caso, que
ni siquiera se ha integrado una averiguación.
Y si estoy en un error, por favor corríjanme quienes más saben del
asunto. Estos damnificados parecen destinados a vivir una experiencia
como algunos de la ciudad de México tras el sismo del ’85, que a más de treinta
años de ocurrido, siguen viviendo en campamentos, pues nunca se les dotó de una
vivienda digna.
Una grave falla de nuestros gobernantes es la falta de
sensibilidad frente a los problemas del
país. Hay una zanja que los separa, eso
sí, cuando un problema afecta de manera
directa a un funcionario o a sus allegados, todo el aparato gubernamental se
vuelca a solucionarlo de inmediato. En
cambio, cuando se trata de Juan Pueblo, son muchas las veces en que el problema
se ignora, o peor aún, se busca sacar beneficio personal del mismo. La falta
de sensibilidad social de nuestros políticos quedó perfectamente dibujada esta
semana con lo ocurrido en Chihuahua.
Los diputados invitan a un grupo de rarámuris a exponer un problema que
les afecta, cuatro representantes de la
etnia acuden y son colocados frente al grupo de legisladores en mesas
distribuidas en forma de “C”. Los rarámuris hablan y los legisladores desayunan:
Aparte de una elemental descortesía –diría mi mamá--, ¿no es acaso una falta
absoluta de empatía entre representantes y representados?
En los entretelones de la corrupción se visualizan grandes
cuadros de injusticia social. ¿Puede seguir tipificándose el desvío de
recursos como un delito “no grave”, que dé pie a exoneraciones? ¿Puede aplicarse
la justicia sin la figura de extinción de dominio? ¿Cómo tienen las manos
quienes ejercen el poder?... Es insostenible un sistema de gobierno que maneja
una justicia mediática, a medias o a
modo. Más vale que lo entiendan quienes así deban entenderlo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario