EL ALTO COSTO DE LA IMPUNIDAD
En la trama de cualquier película norteamericana que trate sobre delincuentes,
en el momento en que los protagonistas buscan escapar de la ley, planean huir
hacia México. Nuestro amado país es el
puerto al que acceden sin mayor problema, o en caso de que hubiere algún obstáculo, siempre hallarán la
manera de sortearlo. El sistema nos ha llevado a proyectar al mundo la idea de
que en México “todo se puede”.
Con tristeza debo
reconocer que este concepto no está tan alejado de la realidad. La impunidad es el gancho al hígado que nos
recetamos los mexicanos en el día a día, cada vez que nos topamos con noticias
que anuncian que “por faltas al debido proceso” no se somete a juicio a un
homicida confeso, o se deja en libertad a un gran estafador. En la esfera moral la impunidad resulta un
elemento desesperanzador. Alguna vez preguntaba a una abogada, que por mucho tiempo trabajó dentro
del Poder Judicial, si aquello de proteger la identidad de los presuntos
delincuentes obedece a una regulación de ley.
Ella me indicaba que no –al menos para Coahuila-- lo que vuelve absurdo
entonces, que al delincuente se le cubran los ojos y no se publique su
apellido, en tanto los datos de la víctima se exponen con sobrada abundancia:
Fulanito de tal, que vive en las calles de tal esquina con tal, en la colonia
tal… y además se publica la fotografía del afectado, incluso –en ocasiones—aun
cuando este sea menor de edad.
Ante conductas así, los ciudadanos nos preguntamos de qué lado
está la justicia en nuestro país, si acaso actúa para cobijar delincuentes a costa de someter a
un riesgo aún mayor a las víctimas. Nos provoca malestar saber que nuestros
impuestos se apliquen de esta manera; nos enoja que los encargados de una
detención sigan sin conocer el debido proceso, de manera que un juez termine
por declarar inválida la misma. Hallamos
terrible imaginar que los participantes en los procedimientos de aplicación de justicia tengan un precio, por cierto, no tan
elevado como supondríamos… De manera colateral hay otra faceta que no se
evidencia a primera vista, pero que resulta igual de dolorosa.
En la ciudad de
Monterrey se colapsó una gran estructura, cobrando la vida de ocho obreros de
la construcción, según el último parte de los cuerpos de rescate urbano. Luego de ocurrido el accidente se puso al descubierto que esta constructora no tenía
permiso para emprender la obra; que en un par de ocasiones se le había negado,
pero aun así, seguía trabajando. Asombroso,
habiendo casos en los que un ciudadano decide erigir una barda dentro de su
propiedad, y antes de que acabe de levantar el primer castillo le cae la autoridad para verificar permisos de
todo orden. En casos como el de
Monterrey pareciera que comienza el “juego de la bolita”. Las autoridades dirán que los constructores
actuaron sin acatar la suspensión decretada, suspicaces como somos, llegamos a
suponer que haya existido un arreglo “en lo oscurito” entre autoridad y dueños
de la constructora. Claro, ambas partes lo negarán. Y más delante aparecerán los presuntos
responsables amparados (si es que aparecen, ahí tenemos el caso del Rebsamen). Y en que la bolita sube y baja, pasa el
tiempo y se consolida la impunidad. Cuando mucho, tal vez opten por encarcelar
al “maistro” de obra, para evitar que se diga que no actuaron.
Hay al menos ocho familias desechas en lo moral y probablemente en lo económico, pues –otra vez
la maldita suspicacia mía--, si la constructora actuaba al margen de la ley,
¿cómo podría tener a los trabajadores
inscritos en el Seguro Social?...
Queremos creer
que el gobierno de López Obrador busca mostrar una cara humana y que tendrá la sensibilidad para
acercarse al ciudadano que cuenta con
menos voz. Sin embargo hay momentos cuando yo en lo particular lo dudo, ya
sucedió en el estado de San Luis Potosí, el
rechazo que la ciudadanía mostró por el delegado estatal que AMLO pretende
imponer, fue acallado con un “no me importa” por parte del presidente electo.
Cerramos con lo
que ya hemos comentado en ocasiones previas.
Resulta ocioso señalar con dedo flamígero irregularidades que ocurren
más allá de nuestro entorno personal, si dicho señalamiento no se acompaña de
acciones propias en la esfera inmediata.
Cuando soborno a la autoridad; cuando consigo mediante un arreglo
económico aquello que por norma no se puede.
Cuando actúo anteponiendo mi beneficio personal a la aplicación general
de la ley, sin tomar en cuenta las potenciales consecuencias, nada mejora.
El alto costo de
la impunidad no solo se mide en términos de pesos y centavos, sino en cuanto a
respeto, dignidad y justicia social. Ahí está el cambio que queremos empezar a ver.
