DERECHO SUPERIOR
Esta semana el gobierno de Colima propuso una reforma de ley que vuelva obligatorio el uso de cubrebocas en sitios públicos, con multas hasta de 4,000 pesos por no acatar la ley. El primero que objetó dicha propuesta fue el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, argumentando que volver obligatorio el uso de cubrebocas sería una forma de violación a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por la ONU en París, en diciembre de 1948, su artículo 25 dice a la letra: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…” Dicho de otro modo, el Estado está obligado a garantizar las condiciones para que toda persona pueda acceder a lo necesario para mantener un nivel de salud y bienestar óptimo.
A lo largo del desarrollo de la pandemia hemos sido testigos (o víctimas, tal vez) de múltiples inconsistencias, situación que para los expertos ha sido responsable del crecimiento de casos de contagio y muerte por COVID-19 en México. Por más que las cifras alegres pretendan convencernos de lo contrario, que todo va bien y el problema está por terminarse. Lo más paradigmático ha sido el asunto del cubrebocas, al que sistemáticamente se ha dado un manejo político, no médico, desde el principio. Esto es, si en el peor de los casos el cubrebocas -como argumenta López Gatell—fuera solamente un auxiliar, de todas formas, habría que utilizarlo. Cualquier medida capaz de brindar una protección adicional, una medida accesible y sin efectos colaterales en su utilización, ¡bienvenida sea! Para los médicos que consideramos que el cubrebocas es un elemento clave para frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2, productor de la COVID-19, con más ganas todavía sugerimos utilizarlo, recomendarlo y promover las bondades de su uso.
A propósito de derechos humanos, la postura de López Gatell frente al cubrebocas me lleva a entender que para él el derecho de un mexicano a no ser molestado con reglas, es superior al derecho a la salud. Por tal razón es que inicié la presente colaboración recurriendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, a la cual hay que remitirse de cuando en cuando, sobre todo en el momento en que surgen estas falacias que buscan justificar como científico un hecho que no lo es. Va muy acorde con tantas actuaciones en la vida pública como es el uso de eufemismos para designar acontecimientos reprobables, cuyo nombre preciso resulta fuerte y desagradable: En lugar de decir “lo asesinó”, decimos “lo ultimó” o “le dio piso”. En lugar de decir “lo secuestraron”, decimos “lo levantaron”, y en vez de señalar alguien como “el gran ratero que se robó muchos millones de las arcas públicas” hablamos de “ladrón de cuello blanco”. De este mismo modo manejamos las notas delictivas: Aun si ya fue consignado a 40 años por homicidio calificado, en la nota policíaca se publica la fotografía pixelada o con la vista cubierta de Rolando “N”. De la parte acusadora sí se dan los generales completos, colocando a las víctimas que denunciaron en estado vulnerable. Esto es, nos preocupamos demasiado por los derechos de quienes infringen la ley, y poco por los de quienes sí la cumplen.
En el caso del cubrebocas: El gobierno se inclina a favor de quien no lo utiliza porque no le da la gana, así perpetúe la cadena de contagio y eleve el número de muertos. Se fomenta la actitud irresponsable y antisocial de tales ciudadanos. No se actúa para sancionarlos, así violen las medidas necesarias para limitar la pandemia; prefieren no incomodarlos, no romper la paz y la armonía. Se privilegia el derecho a la comodidad de los irresponsables, por encima del derecho a la salud y a la vida de todos los mexicanos. Se consiente a esos ciudadanos que al final del día aprenden por el camino difícil, pasándola en paseos y fiestas, hasta que uno de sus seres queridos enferma y muere.
Un gobierno está para ver por todos sus gobernados; para imponer un orden que conduzca al bien común. No está ahí para ganar simpatías. Es lógico que en una población heterogénea haya quien no necesita de reglas externas para cumplir con lo que se debe cumplir, y está quien entra en el carril hasta que se lo exigen las autoridades, de ser necesario con la imposición de sanciones. Tal como sucede en el hogar, no se trata de que cada uno haga lo que quiera, sino de actuar conforme a un objetivo común.
El derecho superior de los ciudadanos es a la integridad, la salud y la preservación de la vida. La obligación del Estado es garantizarlo, gobernar con base en datos duros, valiéndose de expertos para el diseño de estrategias, orientados hacia el bien común. Hacerlo con lucidez y nobleza de intención.
