JUSTICIA A MODO
La principal novedad de la semana fue el arribo de Emilio Lozoya a territorio nacional, extraditado desde España. Llegó directo a hospitalizarse por una anemia inusitada. En lo que duró el vuelo, y sin la presencia de un sangrado activo, se desarrolló una anemia tan severa que ameritó hospitalización. Me da la corazonada que se convertirá en una enfermedad que empezaremos a ver en futuras extradiciones, si es que los países extranjeros deciden seguir apoyándonos. No me queda claro el porqué de ese trato VIP, en una suite de uno de los hospitales más costosos del país, con cargo al erario, cuando los cargos atribuidos a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, son millonarios, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho. Desde el nosocomio Lozoya atendió en forma virtual las dos audiencias, y finalmente quedó en libertad condicional, con un brazalete electrónico.
Pensándolo bien, nada de eso debería sorprender. No es la primera vez que ocurre algo parecido; sucedió en sexenios del PRIAN y sigue sucediendo con MORENA, muy a pesar de lo que digan los convencidos de que la 4T es el gran cambio, en lo relativo al combate a la corrupción. Para el resto de los mexicanos éste parece corresponder a uno más de esos arreglos en lo oscurito, en los que todos salen ganando menos el pueblo: Se crea una cortina de humo, con los beneficios políticos que al caso corresponden; se protege el patrimonio de muchos particulares quienes, de otra forma, saldrían afectados, y finalmente, los abogados litigantes cobran bien cobrado su trabajo.
La contraparte es el caso del médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, aprehendido el pasado día 25 bajo cargos de abuso de confianza. Labora en el hospital de especialidades “Vida Mejor” del ISSSTE, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es responsable de las áreas de Urgencias y Medicina Crítica, que incluye el área COVID VIP. A dicha área ingresó como paciente un exdiputado federal, por cierto, no derechohabiente, con diagnóstico de COVID-19. Para su manejo requería medicamentos con los que la clínica no contaba en ese momento, por lo que, según la denuncia señala, el médico indicó que había que comprarlos. El paciente –muy grave-- falleció, y 10 días después, su hija interpuso una demanda en contra del doctor Grajales, por “abuso de autoridad”. Se le colocó en prisión preventiva, y pese a las irregularidades con que el proceso se ha llevado, al final de la segunda audiencia, el pasado día 30, el juez Morales Urbina lo consideró “sujeto peligroso”, por lo que dictaminó que se enviara a prisión mientras continúan las investigaciones judiciales.
A partir de la detención del profesional, las principales asociaciones médicas del país enviaron un comunicado al presidente López Obrador, en el que señalan las irregularidades del caso y solicitan que se le permita enfrentar su proceso en libertad. Hasta el momento cuando esto escribo, no ha habido respuesta alguna del ejecutivo. Algo similar manifestaron la secretaria del Sindicato de Salud de Chiapas y los diputados locales, expresando su indignación por la forma en que se ha procedido. Al paso de los días, los hechos apuntan a señalar que, detrás de la actuación de la Fiscalía General de Chiapas, hay intereses ajenos a la consecución de la verdad y la justicia.
Nuestro México es a ratos, el de más dolorosos contrastes. Ocurre desde siempre, en todos los niveles. Un supuesto delincuente de cuello blanco, investigado desde el 2012 por daño a la nación, recibe un trato privilegiado y se va a su casa. Un profesional que estudió durante muchos años para llegar a donde está, y que tiene por consigna la curación de sus pacientes, es tratado como se haría con un violador o un secuestrador. Se le considera tan peligroso, que se envía a prisión.
Alguien podría cuestionarme por qué hago estas afirmaciones respecto al doctor Grajales sin conocerlo. Es muy sencillo, un profesional que se prepara para atender un departamento de Medicina Crítica en una institución pública de salud, no es un individuo que esté buscando cómo enriquecerse. Un médico que se mete a fondo a tratar pacientes con COVID, a riesgo de enfermarse o enfermar a su familia, no corresponde a un perfil criminal. Un especialista que tiene en su haber la curación de varios enfermos de COVID, entre los que se cuentan algunos políticos y sus familiares, entre ellos la mamá del gobernador, no puede representar un peligro. Es terrible no contar con lo necesario para la atención de un paciente grave. Si se solicitaron dichos insumos para salvar la vida del paciente, por carencias de la institución, la investigación, de manera obligada debe centrarse en ello, sin inventar culpables.
