CONTRALUZ por María del Carmen Maqueo Garza

VOLUNTAD CIUDADANA

Justo en este día se conmemoran 25 años de la caída del Muro de Berlín, que dividió Alemania en dos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, significando para el mundo el paradigma de la imposición del estado sobre los derechos de la población.

Cuando se erigió como muro en 1961, escuché de labios de mi madre la dolorosa historia de un país que triunfó sobre otro, y como signo de su dominio decidió levantar un muro que separó a muchas familias.

Con los años conocimos las diferencias entre las dos Alemanias, muy evidentes durante los Juegos Olímpicos, cuando la Democrática demostraba esa disciplina férrea de los socialistas, y la Federal se semejaba más al resto de los países europeos.

Finalmente, luego de 50 años de división entre las dos Alemanias, aquel muro de la ignominia llegó a su fin en 1989, pocos años después de la Perestroika, modificación del modelo económico de la hasta entonces URSS, que marcaría de ahí en adelante grandes movimientos sociopolíticos en las repúblicas independientes, hasta la actualidad.

El momento histórico que vive México en estos días, cuando a partir de Ayotzinapa se destapa una caja de Pandora que ya adivinábamos, o que “medio veíamos”, pero que a raíz de los más recientes acontecimientos evidencia que hemos alcanzado unos niveles mayúsculos de criminalidad asociada a corrupción e impunidad a todos los niveles, y que obliga a emprender cambios radicales, si no queremos que la bomba nos explote en las manos a todos los mexicanos.

Ahora, cuando pretendemos dimensionar el problema, nos horroriza ver el tamaño que ha alcanzado, además de que, siendo resultado de una variedad de factores, a lo largo de tanto tiempo, simplemente no sabemos, ni autoridades ni sociedad civil, cómo comenzar a abordarlo. Es algo así como una hidra a la que estuvimos irresponsablemente alimentando día a día, sin imaginar jamás el monstruo en que se convertiría.

Edgardo Buscaglia, a partir de su estudio del caso Colombia, nos lo viene advirtiendo desde años atrás, el problema de la violencia asociada al narcotráfico no se resuelve con militarizar al país. En tanto no abordemos el problema atacando sus cuatro puntos de sustentación, poco o nada se habrá logrado para erradicarlo de forma eficaz.

Él habla del buen funcionamiento de los sistemas judicial, policíaco y penitenciario como primer punto; los controles patrimoniales a empresas legales para prevenir lavado de dinero como segundo; el control preventivo de la corrupción como tercero, y la prevención social de la delincuencia como cuarto punto.

Y nos hace ver de manera por demás clara, que un gobierno que se hace demasiado presente, pero con un Estado ausente, no está en condiciones de emprender una lucha contra el delito.

Claro, para lograr un cambio sustancial tenemos que participar todos. Los ciudadanos estamos obligados a salir de nuestra zona de confort, para conocer cuáles son los derechos que han sido violentados en detrimento propio, para así estar en condiciones de comenzar a exigir que sean respetados. Por desgracia hemos alcanzado un punto en el que a nivel internacional nos señalan como ejemplo de atropello a las garantías individuales, tanto por parte de la delincuencia organizada, como por parte de aquellas figuras de autoridad que en teoría existen para defender nuestros derechos, pero que tantas veces hacen justo lo contrario. Y en este escenario de impunidad se suma la actuación de otros tantos delincuentes oportunistas que acaban de complicar las cosas para nosotros.

No podemos seguir permitiendo que los cargos públicos estén ocupados por individuos que, aparte de no cumplir con su función, reciben sueldos y sobresueldos de lujo. Y que además de estos ingresos, no desaprovechan la oportunidad para desviar recursos públicos a su favor.

No es posible que se enriquezcan de una manera absolutamente inexplicable, sin que el sistema tributario los llame a cuentas, como hace de manera puntual con nosotros, los contribuyentes “de a pie”.

Necesitamos exigir la extinción de dominio para individuos que se enriquecen y simplemente no tienen manera de explicar la obtención de esos dineros. Pero además necesitamos exigir transparencia y rendición de cuentas, para evitar que esos bienes confiscados se conviertan en botín de unos cuantos, en lugar de integrarse a las arcas públicas. Las nuevas reformas apuntan a que pronto sea poco menos que imposible solicitar información sobre los bienes de un servidor público.

Nos corresponde a nosotros modular la actuación de nuestras autoridades, con el fin de hacer valer los derechos de todos los mexicanos, y no que las fuerzas del orden se conviertan en nuestro mayor enemigo.



No hay más que de dos sopas: La que se acabó y esta, llamada voluntad ciudadana.