domingo, 14 de mayo de 2017

CONTRALUZ por María del Carmen Maqueo Garza

SOLUCIONES, NO PARCHES
La SCJN ha determinado que los menores de edad de 14 años en adelante,  acusados de delitos graves recibirán prisión domiciliaria hasta por 3 meses, mientras se desahoga el proceso judicial en su contra.   Desde tiempo atrás se había considerado que estos menores, al cometer delitos graves como si fueran adultos, deberían ser tratados como tales, pero ahora se determina hacer responsable de su custodia temporal  a la misma familia de la cual surgió el delincuente.
      De acuerdo al International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres,  México en el 2016 ha quedado en segundo lugar mundial como país violento, superado únicamente por Siria y su cruenta guerra civil. Mientras que en el 2016 aquel país oriental el conflicto bélico sumó 50,000 muertes, México contabilizó 23,000, casi la mitad de las defunciones sirias. En nuestro caso los indicadores 2016 dan este resultado debido a la violencia que se vive en las calles.  El gobierno federal ha desacreditado por completo dicha información argumentando irregularidades en la forma de medición, restando seriedad a la fuente investigadora, y señalando que la situación no es tan grave,  aun cuando durante el 2016 esas 23,000 muertes violentas hayan ocurrido en 22 de los 32 estados que conforman nuestro país, y que la tasa de homicidios haya superado  las de Afganistán y Somalia. 
     Conocemos que el gobierno federal se refiere a todo choque armado como “enfrentamiento entre cárteles rivales”, aunque  hay evidencia de que muchos casos son ataques en contra de población civil inocente, ya sea por parte de sicarios o de fuerzas armadas.  En México tenemos los aparatos burocráticos más caros del mundo, y en buena medida los menos eficaces, puesto que, además de que muchas instituciones no funcionan en cumplir aquello para lo cual fueron creadas, termina siendo la propia ciudadanía, que en principio debía recibir el beneficio de instituciones fuertes y sanas,  la que en ocasiones asume el papel que estas no cumplen, con los consabidos riesgos.
     En el curso de la semana fue acribillada en el interior de su domicilio en San Fernando Tamaulipas Miriam Elizabeth Rodríguez, madre de Karen, una menor desaparecida en el 2012. Ante la ineficacia de las autoridades  la madre buscó a su hija, vivió el dolor de encontrar  sus restos  en una fosa clandestina en el 2015,  y ubicó a los delincuentes a los que finalmente presentó a la autoridad.  Hace un par de semanas estos homicidas escaparon de prisión, y ahora  ella está muerta. En su momento  solicitó protección por parte de las autoridades estatales, pero su petición nunca fue atendida. En este mismo estado de Tamaulipas, hasta hace poco el gobierno estatal mantenía un total de 8 custodios para Tomás Yarrington, ex gobernador prófugo de la justicia, pero en cambio para una activista que estaba siendo amenazada no hubo protección,  una más de de esas paradojas dolorosísimas en nuestro país.  El gobernador Cabeza de Vaca  expresa que no descansará hasta localizar a los responsables de este crimen. ¿Ya para qué, si Miriam no fue atendida en su momento, y ahora  está muerta?...
     La SCJN dispuso este martes que  los menores de edad que enfrenten cargos por delitos graves como narcotráfico, secuestro o violación reciban el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria durante 3 meses para que sigan su proceso fuera de prisión, mientras se determina su situación legal.   Yo me pregunto de qué va a servir que a un chico en estas condiciones se le dicte prisión domiciliaria, si de antemano sabemos que no la cumplirá.  En lo personal lo veo como una forma cómoda de liberar del problema a las autoridades judiciales.
     Las familias disfuncionales que generan menores delincuentes no están en condiciones de actuar como guardianes de los mismos.  Las condiciones de la dinámica familiar  dieron lugar a un menor que no reconoce orden ni límites, además de que la familia suele, si no   apoyar, sí  ocultar o justificar las conductas antisociales de los menores.  ¿Cómo vamos a esperar que una familia que así se maneja vaya a asumir funciones de guardián? ¿No será una forma de eludir responsabilidades por parte del poder judicial?  Si el menor actúa como mayor de edad al momento de cometer el delito, ¿no debe –por lógica--  ser tratado como tal? O bien, ¿no  irá a ocurrir  que en dicha prisión domiciliaria las conductas delictivas, lejos de ser contenidas,  se acrecienten?
     Aparte de la corrupción que tanto ha afectado a nuestro país, las instituciones requieren de profesionalización y seriedad en su funcionamiento.     En México el problema de la inseguridad tiene que verse como lo que es, un problema social de origen que requiere soluciones científicas, no  parches que se botan a poco de haberse colocado.

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