MALIGNA QUIMERA
Uno de los grandes problemas de nuestro país ha sido la inveterada
costumbre de nombrar políticos y no especialistas del área, para ocupar los
mandos medios y superiores de las distintas dependencias, tomando en cuenta
lazos de amistad o compromisos que un
funcionario tenga con otro, más que la capacidad probada del aspirante al cargo.
Un ejemplo muy claro ha sido el del trágico socavón morelense, por citar alguno
de tantos que ha habido en los últimos ochenta años. El titular de la SCT en el
estado de Morelos asumió el cargo sin tener la mínima experiencia en el ramo, y
como dice el dicho: “Tanto peca el que mata a la vaca como el que le estira la
pata”. Responsabilidad del titular
estatal Alarcón Ezeta por aceptar el puesto; responsabilidad de Ruiz Esparza,
titular de la SCT a nivel federal por nombrarlo, del gobernador Graco Ramírez
por apoyarlo, y de EPN por permitirlo. ¿Sí o no?...
Ahora surge otro caso que en una primera lectura no
pareciera tener tanta relación con esos asuntos de impericia y corrupción, pero
que a fin de cuentas es una vertiente más del mismo problema. Cien inmigrantes indocumentados son abandonados en
la caja de un trailer en el estado norteamericano de Texas, y para cuando los
descubren una parte de ellos ha muerto. Dentro de la información que se da a
conocer en torno a este lamentable hecho se sabe que cada uno de esos
individuos tuvo que pagar a la red de tráfico de humanos más de $100,000 pesos
para ser cruzado a través de la línea fronteriza.
Y aquí es donde quiero iniciar mi
reflexión.
Sabemos que los programas de apoyo a sectores menos
favorecidos tienen una bolsa para otorgar microcréditos a emprendedores. El monto de cada uno de esos préstamos anda
alrededor de los $30,000, con intereses muy bajos, y –al menos en teoría—están
disponibles para quien los solicite para emprender un negocio o una cadena
productiva. Ahora bien, es muy probable que los jóvenes no los soliciten porque
en su región no hay una organización que les abra camino para utilizar ese
recurso de manera eficiente, y aquí es donde habría que preguntarnos qué ha
hecho el gobierno para detectar esos nichos de oportunidad y diseñar cadenas
productivas, de suerte que la gente joven piense en quedarse en su terruño, y así
favorecer el desarrollo de esas regiones.
Es muy doloroso ver cómo las familias del sector rural se
sacrifican por cierto período de tiempo para recaudar lo necesario para enviar
a uno de sus miembros –el mejor dotado—en búsqueda del sueño americano, en
ocasiones con resultados funestos, como fue esta vez para algunos de
ellos. Se confía ese monto que no es cualquier
cosa, así como la vida y la integridad de su familiar, en manos de traficantes,
que para nada van a actuar como hermanitas de la caridad. A la fecha funcionan
como redes de tráfico humano a merced del crimen organizado, con la colusión
de autoridades a ambos lados de la frontera. Baste recordar el caso de la
matanza de San Fernando, Tamaulipas ocurrida en el 2010.
Casos como este ponen en evidencia la desarticulación que
existe entre programas
gubernamentales. Si hay una región del país
con problemas de desarrollo, corresponde a las autoridades diseñar un programa
que los resuelva, pero para ello necesitamos que las instituciones estén
capitaneadas por especialistas en la materia, y no por improvisados colocados
allí por intereses ajenos al bien común.
Se requieren científicos con liderazgo para detectar las necesidades de una región, y con
la preparación suficiente para diseñar, echar a funcionar, supervisar y evaluar
programas encaminados a subsanar esas mismas necesidades.
En la mancha urbana existen individuos jóvenes que han perdido una o ambas
extremidades, convertidos en pedigüeños. ¿Será por falta de orientación? ¿Será
porque no existen oportunidades de capacitación? ¿O será por molicie?... En
cualquiera de los casos, se trata de un desperdicio de talento, que da por
resultado una pobre calidad de vida para el individuo, su familia y la comunidad misma. ¿Dónde están los programas
gubernamentales para capacitar y agremiar a estos jóvenes en cooperativas o en
cadenas productivas que apoyen la economía regional?
Los problemas de
seguridad resultan de falta de planeación estratégica, y no se resuelven con la
militarización. Mientras no los veamos de este modo seguirá habiendo casos de
jóvenes transportados peor que reses después de haber pagado cantidades
exorbitantes a redes de traficantes que no hacen más que fortalecer el crimen
organizado.
¿Qué México queremos? ¿Y qué parte del problema vamos a
asumir como propia, para comenzar a trabajar?... Porque, de no hacerlo, nos
estamos sumando con nuestra indiferencia, a la maligna quimera que rompe sueños
como pompas de jabón.
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